Los últimos meses de 1822 fueron aciagos para O’Higgins y para el país.
Una escasez extremada afligía a todo el país. El año había sido malo, y el labrador no había cosechado casi nada en esta tierra de ordinario tan fértil, tan productiva.
Las provincias del sur, particularmente, sufrían una hambre espantosa. Las calamidades de la guerra, que, por tanto tiempo, habían pesado sobre ellas, la marcha destructora de los ejércitos, el vandalaje de las montoneras, habían talado sus campos, empobreciendo sus habitantes, agotado todas sus fuerzas de producción.
Se refería con extrañeza, que hombres se habían suicidado por no tener que comer. La necesidad obligaba a los menesterosos a no despreciar para su sustento ni la carne de los lobos marinos, ni la de los animales que las enfermedades hacían perecer. En pocos meses, más de setecientas personas habían muerto en sólo la provincia de Concepción, por falta de alimentos saludables.
Para colmo de desgracia, guarnecía esa comarca un ejército hambriento como sus demás pobladores, que no recibía su paga casi nunca, desnudo hasta el extremo de haber compañías a las cuales la decencia no permitía presentarse en poblado.
Como ordinariamente sucede, el gobierno era acusado de todos los males, de aquéllos de que era culpable y de aquéllos de que era inocente. El pueblo le pedía cuenta de los escándalos de la convención, y de la miseria que soportaba.
El malestar físico hacía que las arbitrariedades injustificables de los gobernantes produjesen mayor indignación. Las poblaciones aquejadas por la escasez, estaban más propensas a irritarse.
Los soldados del sur, sobre todo, murmuraban en alta voz. La guarnición de Santiago estaba perfectamente tratada, lujosamente vestida, corrientemente pagada, mientras que ellos, los veteranos de la frontera, los defensores incansables de la patria contra las agresiones de los últimos jefes realistas, contra las invasiones de los bárbaros, carecían de ropa, y de pan. Se desconfiaba del ejército de Concepción, y había un plan para destruirlo. La guerra contra Benavides se había prolongado, porque el temor o la indiferencia habían escatimado, a los que la sostenían, todos los recursos precisos, aun las municiones para pelear. Estas y otras hablillas parecidas, formaban la conversación de los cuarteles.
El cínico proceder de la convención en sus últimos actos llevó a su colmo el furor de todos, de los paisanos y de los militares.
El general Freire agregaba a los motivos de queja de sus soldados, a los motivos de disgusto de todos los ciudadanos, ofensas personales que con imprudencia le habían inferido algunos de los altos potentados que rodeaban al director.
Como una precaución contra el hambre, el gobierno había prohibido la extracción de granos para el extranjero. El intendente de Concepción, creyéndose autorizado por ciertas órdenes anteriores del director, había estrechado todavía más los límites de la prohibición, mandando que no se extrajeran granos de la provincia para la ribera septentrional del Maule; y con el objeto de poner coto a la codicia de los vendedores, había fijado un precio al trigo.
En estas circunstancias, un comerciante ofreció tres mil pesos para el pago de la tropa, a condición de que se le permitiera extraer para el Perú seis mil hanegas de trigo. Freire consultó el negocio a una junta de guerra, y la propuesta fue admitida. Era urgentísimo dar a la tropa alguna cosa siquiera, a cuenta de sus sueldos atrasados.
El ministro de hacienda, que, como se sabe, estaba prevenido de antemano, vio en todas estas medidas, otras tantas usurpaciones de un subalterno que, ensoberbecido por la importancia de su posición, no trataba al gobierno con el acatamiento debido. Sin embargo, no se atrevió a reconvenirle. Freire era demasiado poderoso, demasiado temido, para que un superior cualquiera, aun cuando fuera el primer ministro, osase reprenderle.
Pero si no recibió una censura oficial, la recibió indirectamente por la prensa. Un artículo comunicado que se insertó en el Cosmopolita, periódico de Santiago, criticó la conducta del intendente de Concepción, y le echó en rostro la contradicción aparente que había entre la prohibición de vender granos fuera de la provincia, y el permiso de extraer seis mil hanegas de trigo fuera de la república.
La tal contradicción no existía; pues la prohibición era la medida general que se había dictado para remediar el hambre que experimentaban los habitantes de aquellas regiones, y el permiso era una excepción particular destinada a satisfacer las urgentes necesidades del ejército. Aquellas dos providencias tenían una explicación clara y sencilla para quien buscase el fundamento de ellas sin prevenciones.
Sin embargo, el artículo produjo sensación. Era una cosa muy extraña que la prensa servil de aquella época atacase a un funcionario público, sobre todo a un funcionario de aquella categoría. Eso no se explicaba sino por la intervención de algún personaje muy condecorado.
Lo que el público creía, Freire lo creyó también, y atribuyó el artículo a don José Antonio Rodríguez, el ministro favorito y su adversario declarado. Escribió entonces a O’Higgins, quejándose con amargura de la manera como se le había atacado. El león había sido insultado, y rugía.
El gobierno, que tuvo miedo, buscó como dar a Freire la más cumplida satisfacción. O’Higgins le respondió asegurándole que podía contar con la amistad de Rodríguez, que éste nunca había pensado siquiera en escribir semejante artículo, que todo lo demás eran calumnias de los anarquistas que procuraban dividirlos, que el mismo Rodríguez se había encargado de contestar la insolente diatriba, y que se indagaba con empeño quien era su verdadero autor para hacer pesar sobre él todo el enojo del gobierno. Junto con esta carta, se remitió a Freire un decreto que dejaba a su arbitrio la extracción por mar y por tierra de los trigos de Concepción.
Freire escuchó la satisfacción; pero le quedó el convencimiento de que no era sincera. Aquel incidente sólo sirvió para darle la medida de sus fuerzas, y para confirmarle más y más en la persuasión de que en adelante su causa era muy diversa de la del director.
Con todo, poseía un corazón demasiado bien puesto para desear la ruina del gobierno de O’Higgins por un simple agravio personal. Si los gobernantes no se hubieran hecho culpables de tantos abusos, de faltas tan graves, Freire se habría mantenido quieto, y no habría buscado jamás en una sublevación la venganza de las ofensas que se le habían hecho. Mas si podía perdonar como hombre, no podía tolerar como ciudadano la arbitrariedad. Antes de prestar su cooperación a las medidas extremas para remediar los males públicos, interpuso con el director las amonestaciones de la amistad. Le escribió mostrándole el abismo donde se precipitaba, transmitiéndole las quejas del pueblo, haciéndole ver la injusticia de ciertos procedimientos, la impolítica de ciertos manejos. Estas advertencias no fueron escuchadas.
Después de eso, el amigo había cumplido con su deber; le tocaba al ciudadano cumplir con el suyo.
Las dificultades que dejo referidas, no eran las únicas que inquietaban a O’Higgins.
Lord Cochrane y el general San Martín habían chocado en el Perú. Esa fatal desavenencia había convertido la escuadra chilena para aquel país en una especie de amenaza. Las autoridades peruanas y los jefes de la escuadra, en vez de auxiliarse, se hostilizaban seriamente. Esto fue causa de que lord Cochrane regresase a Valparaíso, donde ancló el 13 de junio de 1822.
Desde entonces, la mayor parte de nuestros buques de guerra permanecieron ociosos en el puerto.
El almirante bajó a tierra.
Las tripulaciones comenzaron a exigir el ajuste de sus cuentas. El atraso del erario impedía satisfacer sus reclamaciones. A fines de octubre, redoblaron sus instancias, y hubo en la escuadra una especie de motín.
Para calmar este alboroto, tuvo O’Higgins que partir apresuradamente para Valparaíso el 2 de noviembre, a los dos días de haber promulgado su famosa constitución, con sesenta mil pesos que se pidieron prestados a una casa de comercio.
Se encontraba en esa ciudad ocupado en ese incómodo negocio, cuando, el 19 del mismo mes, sobrevino por la noche ese espantoso terremoto que el pueblo no ha olvidado, y que llama todavía el temblor grande.
Apenas el director había salido de la sala donde se había alojado, cuando el techo se desplomó, y todo el aposento no fue más que un montón de escombros. Con un segundo más de demora, había perecido. Los antiguos habrían mirado aquella calamidad como un presagio funesto; y ciertamente en esta ocasión, los sucesos habrían venido en apoyo de su superstición.
Casi inmediatamente después de este acontecimiento, y cuando O’Higgins aún no se había vuelto a la capital, le llegó la noticia de que la provincia de Concepción se había insurreccionado con el general Freire a la cabeza.
Los pueblos del sur habían respondido con un levantamiento armado a la intimación de jurar la constitución. El ejército allí acantonado, que alcanzaría poco más o menos a mil seiscientos hombres, había fraternizado con los ciudadanos. Todos habían protestado contra los actos ilegítimos de la convención preparatoria, y todos exigían la pronta reunión de un congreso que organizase el país.
Los insurrectos de Concepción, antes de pronunciarse, habían ofrecido el mando al intendente don Ramón Freire. Éste se había negado a capitanear todo movimiento que tuviera el menor viso de personal, y en que se proclamaran intereses, y no principios; pero había ofrecido su espada y su influencia para apoyar una revolución popular, dirigida a dar a la república una organización legal, que hiciese efectivos los derechos de la nación. En consecuencia, había exigido, como condición de su cooperación, la convocatoria de una asamblea de diputados provinciales que determinase y autorizase sus procedimientos.
Para conformarse con el plan trazado por aquel general, que, en esta conducta, daba la prueba de ser tan buen ciudadano, como valeroso soldado, los vecinos del sur habían congregado una asamblea de representantes de todos los partidos que componían la provincia; y este cuerpo, como el caso lo pedía, había nombrado por su caudillo a don Ramón Freire, para que, al frente de un ejército, si no se podía de otro modo, hiciera respetar sus justas reclamaciones, que se resumían en la reunión de un congreso nacional (10 de diciembre de 1822).
El movimiento era, pues, no un simple motín de tropa, sino una verdadera revolución de pueblo. Los paisanos y los militares, todos los habitantes, casi sin excepción, abrigaban idénticas convicciones, y se habían armado para sostenerlas.
Uno de los primeros cuidados del general Freire fue destacar a la ribera del Maule, una compañía de cazadores a caballo, que avanzó sin obstáculo, y protegió la sublevación de todo el país que se extiende desde las márgenes meridionales de ese río.
Enseguida, en unión con la asamblea, escribió al cabildo y vecindario de Coquimbo, noticiándoles lo ocurrido en Concepción, y excitándoles a que imitasen su ejemplo.
Por último, hizo otro tanto con el gobernador de Valdivia, don Jorge Beauchef, y le dio orden de que se le reuniese a la mayor brevedad con la guarnición de aquella plaza.
Beauchef recibió con asombro una nueva tan inesperada, y quedó sumergido con ella en una extrema perplejidad. Vacilaba entre las prescripciones de la ordenanza y sus deberes de ciudadano. Sin más datos para determinarse que el pliego de Freire, no sabía realmente que resolución tomar. En esa incertidumbre, adoptó el partido de aguardar los acontecimientos; y mientras tanto, no confió a nadie el contenido de la nota que le habían enviado de Concepción.
Se hallaba en esa disposición de ánimo, cuando arribó al puerto la goleta de guerra Motezuma. Su comandante Covarrubio desembarcó sin tardanza, y entregó al gobernador oficios de O’Higgins, por los cuales le comunicaba la insurrección del sur, y le mandaba dirigirse inmediatamente con su tropa a Valparaíso.
Beauchef los leyó; y a continuación, pidió como amigo al portador que le diese a conocer con sinceridad el estado de la república. Covarrubio le contestó que, como hombre de honor, no podía ocultarle que toda ella estaba sublevada, si no de hecho, al menos de intención, y que consideraba perdida la causa del director.
Con esta explicación, Beauchef salió de dudas, y tomó una determinación definitiva. Convocó al cabildo y a los oficiales de su división, les leyó las notas de O’Higgins y de Freire, y les manifestó que, aunque la obligación del soldado era sostener las autoridades constituidas, con todo, en el caso presente, juzgaría una sinrazón y una imprudencia no plegarse a un movimiento que estaba apoyado por la república entera y el ejército del sur, a que ellos pertenecían. Su opinión era que debían incorporarse a las tropas del general Freire.
El cabildo y casi todos los oficiales aprobaron el anterior dictamen. Fueron contados aquéllos de estos últimos que protestaron contra él.
Se decidió que los disidentes quedarían de guarnición en la plaza, y los demás se embarcaron para dirigirse a Talcahuano en la goleta Motezuma y la fragata Independencia, que por entonces estaba bloqueando el archipiélago de Chiloé.
Beauchef llevaba consigo cuatrocientos infantes, cuatro piezas de campaña servidas por treinta artilleros, y víveres para un mes.
Luego que le llegó este refuerzo, mayor de lo que él mismo esperaba, Freire resolvió marchar sobre Santiago. Al efecto, embarcó su infantería y su artillería e hizo rumbo a Valparaíso.
La caballería caminó por tierra a las órdenes de don Salvador Puga.
El 20 de diciembre de 1822, el cabildo y vecindario de la Serena se congregaron en sesión solemne. Acababa de llegarles la proposición de Freire y de la asamblea de Concepción, por la cual les invitaban a cooperar al triunfo del movimiento que acababa de operarse en el sur, haciendo de este modo respetar la voluntad de los pueblos. Los coquimbanos por unanimidad aprobaron el proceder de sus hermanos de Concepción, y determinaron trabajar con ellos por la libertad del país.
Como los del sur, establecieron una asamblea provincial, la cual delegó el poder ejecutivo a una junta compuesta de don Ramón Varela, don Juan Miguel Munizaga y don Gregorio Aracena.
Sin pérdida de tiempo, diputados provinciales y miembros de la junta ejecutiva se pusieron a trabajar con empeño en propagar la revolución por el norte, como los de Concepción la extendían por el otro extremo de la república.
Con este objeto, enviaron comisionados especiales a las distintas poblaciones de la provincia. En todas partes, el movimiento de la Serena fue acogido con entusiasmo. El descontento contra la administración de O’Higgins era casi unánime. Todos deseaban con ansia que se organizara el Estado bajo un régimen legal.
Illapel era la villa más austral de la provincia, y en consecuencia, aquélla que, por su posición, debía rechazar la primera los esfuerzos que indudablemente haría el director para sofocar la insurrección del norte. Importaba, pues, muchísimo que los vecinos de aquel pueblo abrasasen con calor la causa popular, y se pusiesen en estado de resistir a las tropas del gobierno.
Por este motivo, la asamblea de la Serena cuidó de elegir para agente revolucionario en esta población a don Francisco Solano Lastarria, hombre activo y emprendedor, que no podía ser más idóneo para el destino. Este comisionado se desempeñó perfectamente, y consiguió que el vecindario de Illapel se distinguiese, entre todos los demás, por su entusiasmo y decisión.
Es verdad que tuvo la buena fortuna de contar con la cooperación de don Miguel Irarrázaval, el padre de aquel joven diputado que negó a la convención preparatoria la facultad de dictar una constitución.
Era éste el más rico propietario del departamento, y podía decir sin baladronada: Illapel soy yo. Pertenecía a una familia verdaderamente aristocrática, que habría podido ostentar sus blasones entre los titulados mismos de Castilla. Sus mayores habían combatido con brillo en la guerra de los treinta años; habían sido generalísimos de los ejércitos españoles, comendadores de las órdenes militares establecidas en la Península, virreyes de los reinos de la monarquía; y más tarde, habían regado con su sangre la Araucanía, batallando contra los indios, como en Europa habían batallado contra los herejes.
Don Miguel, aunque abstraído de la vida pública, había heredado de sus antepasados el valor personal, y la prodigalidad de gran señor para proteger a cuantos le rodeaban. Su bolsillo estaba siempre abierto para todo el mundo. Esto había hecho que el ex marqués de la Pica se hubiera ligado por beneficios a todos los moradores de Illapel, los cuales veneraban en aquel bondadoso a la par que altivo caballero al representante de la familia más opulenta de la comarca, y amaban en él al protector generoso de todas sus necesidades.
A estos títulos, añadía Irarrázaval el prestigio de una hazaña reciente que le había merecido la gratitud del vecindario. A principios de 1818, por un acto de valor, había salvado aquella villa de una ruina completa.
Vivía entonces, por aquellos alrededores, un mestizo turbulento llamado Carvajal que, por ciertas relaciones de servidumbre, profesaba opiniones realistas. Éste se aprovechó del descontento que un cambio de cacique había producido entre los indios de Chalinga, reducción inmediata a Illapel, y logró sublevarlos, a nombre del rey, dándose por agente autorizado para ello por el general don Mariano Ossorio.
Era precisamente ese 19 de marzo de 1818 que presenció el desastre de Cancha Rayada, y la mayor parte de la población se encontraba en la iglesia parroquial celebrando los oficios del jueves santo, cuando el mestizo se precipitó sobre ella a la cabeza de doscientos indígenas, seguidos de sus mujeres y niños. La santidad del lugar no los contuvo; y dentro del templo mismo, acuchillaron a varios de los asistentes. La resistencia fue imposible. Carvajal aseguró a todos los notables, y los encerró en la cárcel.
Él, con su tropa de bárbaros, se acampó en la plaza.
Treinta horas permaneció en aquella posición.
Los indefensos habitantes, trémulos, dentro de sus casas, aguardaban por momentos un saqueo y un degüello general. Sus temores no eran vanos. Sólo a fuerza de ardides, pudieron algunos individuos, que tenían influencia sobre Carvajal, obtener que retardara la señal.
Al fin, Dios se apiadó de aquella mísera población. Se anunció que don Gabriel Larraín y don José María Caballero, marchaban contra los insurrectos al frente de algunos milicianos.
A esta noticia, Carvajal hizo que su gente montara a caballo; y dejando una cierta porción de ella para custodia de la villa, salió al campo con el objeto de combatir contra los patriotas.
La reyerta no fue larga ni dudosa. Los indios, superiores en número y valentía, hicieron prontamente volver caras a los agresores. Se pusieron entonces a perseguirlos con encarnizamiento en todas direcciones. Pero mientras se entretenían y cansaban sus caballos en esta operación, se posesionaba de Illapel, el que debía reducirlos a la obediencia.
Don Miguel Irarrázaval estaba en su hacienda al tiempo de la invasión. No obstante, había sabido lo que ocurría, porque Carvajal, que le respetaba como todos los demás, le había enviado a ofrecer, que si consentía en ello, le proclamaría gobernador. Irarrázaval no había respondido nada, y se había venido de incógnito a Illapel. allí había reunido catorce o quince hombres, y los había armado del mejor modo posible.
Poco después de haber partido Carvajal, con una parte de los suyos, para cerrar el paso a los milicianos de Larraín, don Miguel se había precipitado sobre los indios que habían quedado de guardia, y los había obligado a rendirse.
Enseguida, corrió al encuentro del cuerpo principal. Le halló que regresaba vencedor, pero con los caballos extenuados de fatiga; apenas podían hacerlos moverse.
La sola vista del marqués, como ellos le llamaban, impuso a todos, menos a Carvajal, que venía a la cabeza, y que no desmintió un sólo instante su osadía y su coraje.
Don Miguel llevaba en la mano una escopeta, cuya certera puntería era famosa en la comarca. La apuntó sobre el pecho del mestizo, y le intimó que se entregara.
Carvajal abandonó su caballo, que de puso cansado para nada le servía; se colocó frente a frente de su adversario, con la mirada fija y la espada desnuda, y no le dio más respuesta que: «El toro bravo no se rinde».
La gente de uno y otro caudillo estaba, entre tanto, silenciosa y atenta al resultado de aquel combate singular.
Irarrázaval soltó el gatillo de su fiel escopeta, pero la ceba no prendió.
Favorecido por este incidente, el mestizo se lanzó sobre él como un relámpago; pero don Miguel, aprovechándose de la ventaja de estar a caballo, retrocedió un buen trecho, y pudo renovar la ceba.
Apuntó por segunda vez; y por segunda vez, la escopeta no hizo fuego.
Se repitió lo mismo por tres ocasiones.
En cada una, Carvajal redobló la impetuosidad de su ataque. En una de sus acometidas, hirió al caballo de su contendiente en el anca.
Al fin, el tiró salió; y el jefe insurrecto, herido en la frente, midió con su cuerpo la tierra.
La muerte del caudillo produjo la completa dispersión de los indios. De esta manera, puede decirse que un solo hombre derrotó a doscientos.
Con tal proeza, Irarrázaval salvó a Illapel, y el pueblo añadió este beneficio a los otros de que se le confesaba deudor.
Contar con un hombre, como el que he procurado dar a conocer, era contar con el vecindario de la villa. Así es que éste aceptó sin discrepancia la proposición de Lastarria. Se destituyó al gobernador que había, y se le reemplazó por una junta cuyo presidente era Irarrázaval, y vocales don Gabriel Larraín y el mismo Lastarria.
Los nuevos gobernantes de Illapel no se durmieron sobre sus asientos. Previendo que el director no dejaría de enviar fuerzas para sofocar la insurrección del norte, acuartelaron las milicias, ordenaron una leva, y pidieron auxilios a la Serena.
Junto con estas providencias, enviaron agentes secretos con cartas y proclamas a Petorca, la Ligua, Quillota y San Felipe, para conmover aquellas poblaciones. En todas ellas, los comisarios encontraron la mejor disposición, y recibieron la seguridad de que todas se sublevarían a la aproximación de las tropas coquimbanas.
El gobernador de la Ligua, capitán de línea don Agustín Gallegos, no se limitó a responder favorablemente a las insinuaciones que se le hicieron, sino que se vino luego a Illapel a ofrecer sus servicios como militar, trayéndose un tambor y cuatro fusiles, que era todo el armamento que había en el partido de su mando.
La asamblea de la Serena nombró a don Miguel Irarrázaval general en jefe de las tropas de la provincia, y le remitió cuanta gente y recursos pudo.
Con esto, se formó una división de cuatrocientos hombres, que se componía de ciento cincuenta cívicos de infantería de Coquimbo, ciento de Illapel, veinticinco artilleros con dos piezas, y cien milicianos de caballería. A éstos, se agregaban unos treinta españoles prisioneros de Maipo, armados con fusiles, a quienes se había prometido que la victoria sería para ellos la libertad, y los cuales constituían toda la esperanza de aquella división bisoña.
Entre tanto, se ignoraban completamente las operaciones del general Freire, y los progresos del movimiento en Concepción.
La misma oscuridad había respecto de la capital. Se aseguraba únicamente que habían partido fuerzas con el objeto de someter a los coquimbanos; pero no se conocía absolutamente ni su número, ni su dirección.
Para salir de incertidumbres, determinó Irarrázaval tomar la ofensiva y avanzar. En efecto, se puso a buscar con todo empeño al enemigo; mas gastó varios días en marchas y contramarchas, sin poder averiguar ni de que condición era ni el camino que traía.
Al cabo supo de positivo que la fuerza agresora se componía de un escuadrón de cazadores a caballo (ochenta o cien hombres) capitaneado por el comandante Boile, y que venía por la costa.
Guiado por estos datos, estableció su campamento en la cuesta de las Vacas, a unas seis leguas de Illapel, punto por donde indefectiblemente tenían que atravesar los o’higginistas.
Los libres de Coquimbo no las tenían todas consigo, a pesar de su superioridad numérica. Eran reclutas que no se habían batido nunca, y los cazadores gozaban de mucha fama; sin embargo, estaban resueltos a cumplir con su deber. La noche que precedió al día del encuentro, la pasaron en vela sobre las armas.
Cuando amaneció, en vez del escuadrón que aguardaban, vieron venir a escape cuatro cazadores gritando con todos sus pulmones:
-¡Viva Coquimbo!
Eran portadores de un pliego del sargento Madariaga, por el cual comunicaba que se habían insurreccionado con la tropa, y puesto presos a sus jefes. Pedía órdenes.
El júbilo que produjo en la división esta fausta noticia, se deja entender sin que se le describa.
El escuadrón fue incorporado a los expedicionarios; sus sargentos y cabos, ascendidos; y los oficiales, remitidos con escolta a la Serena.
La división de Coquimbo no se contentó con esta primera ventaja, y continuó su marcha sobre Santiago.
Durante el tránsito, no tuvo combates que empeñar, sino ovaciones que recibir. El entusiasmo y la decisión de los pueblos eran superiores a toda ponderación.
Las milicias de San Felipe y de los Andes, en vez de procurar impedir el paso a los insurrectos, se incorporaron a sus filas, y abrazaron la revolución con tanto ardor, como los coquimbanos mismos.
Animado por tantas y tan espontáneas manifestaciones, el ejército improvisado de Irarrázaval marchó derecho sobre la capital, sin que le causara temor el que tal vez iba a tener que habérselas con veteranos, y resuelto a coadyuvar con su presencia el alzamiento de los santiaguinos contra la usurpación del director. Pero antes de llegar al fin de su viaje, supo que O’Higgins había caído, y que el drama estaba terminado.
He dicho ya que el director se encontraba en Valparaíso, cuando recibió la noticia de la insurrección que don Ramón Freire había encabezado en el sur.
El primer movimiento de su alma fue la determinación decidida de castigar a los que para él eran unos anarquistas, unos rebeldes, y sostenerse en el poder, a despecho de sus enemigos, por la fuerza.
Uno de sus generales le abandonaba; uno de sus ejércitos le negaba la obediencia; una de las provincias desconocía su autoridad. ¿Qué importaba? Le quedaban todavía fieles otros jefes militares; le quedaban dos ejércitos, uno en Valdivia, otro en Santiago; le quedaba la escuadra para interceptar las comunicaciones, para dominar las costas y el mar; le quedaba la capital con sus grandes recursos; le quedaba sumisa casi toda la república; le quedaban su espada y su prestigio. Tenía elementos de sobra para imponer la ley a los descontentos, para escarmentar a los revoltosos.
Tal era la disposición de animo que traía, cuando regresó a Santiago.
Don José Antonio Rodríguez y todo el círculo ministerial participaban de los mismos sentimientos. Era preciso sofocar a toda costa la insurrección; y según lo pensaban, tenían los medios suficientes para ello. Convenía hacer un ejemplar terrible, que impidiese para el porvenir la repetición de actos tan funestos y criminales.
La rabia y el calor del primer momento no les permitía apreciar, como era debido, los sucesos del sur, y prever los resultados que, en el estado de la opinión pública, ellos iban indudablemente a producir.
Esta fe en el triunfo, esta confianza en sí mismos, la indignación que la desobediencia de Freire y sus secuaces causaba a aquellos gobernantes que habían contraído, el hábito de ser siempre acatados, les infundieron un ardor y una actividad extraordinaria para prepararse al sometimiento de los sublevados de Concepción. Todo fue aprestos marciales, levas, acopio de armas y pertrechos, disciplina de cuerpos, movimiento de tropas, trascripción de órdenes a los gobernantes subalternos para que contribuyesen a la organización del formidable ejército que debía restablecer la paz en la república, y someter a los revolucionarios del sur.
Con fecha 16 de diciembre, el director supremo comunicó de la manera siguiente a la corte de representantes las primeras providencias que había tomado, pidiéndole eficaces auxilios para llevar a efecto su firme propósito de reducir a los insurrectos.
Todavía una fausta noticia vino a robustecer las esperanzas de O’Higgins y sus amigos. Don Miguel Zañartu, el agente diplomático de Chile en Buenos Aires, había pedido su carta de retiro, y precisamente en aquel mismo tiempo, regresaba a su país. Estaba de tránsito en Mendoza, cuando se supo en aquella ciudad el alzamiento de Freire.
Los mendocinos, y sobre todo los gobernantes de la provincia, eran muy afectos a don Bernardo, que había recompensado generosamente sus servicios en la lucha contra Carrera. Por lo tanto, todos ellos recibieron con sumo disgusto la nueva del suceso, y lo consideraron, no como un negocio doméstico de tal república, sino como una calamidad americana.
Zañartu, con su talento y actividad habitual, sacó provecho de estas disposiciones favorables a su partido e hizo que no quedaran reducidas a buenos deseos. En efecto, por las diestras insinuaciones del hábil diplomático, el gobierno de Mendoza, dejándose llevar del primer ardor de su entusiasmo, y siendo en esto el eco de aquel vecindario, ofreció a O’Higgins el auxilio de mil quinientos o dos mil soldados. Don José Albino Gutiérrez, el vencedor de la Punta del Médano, dijo de todas veras que si así se estimaba por conveniente, estaba pronto a marchar, en el término de tres días, a la cabeza de esta fuerza.
Zañartu se apresuró a comunicar, por un correo extraordinario, al gabinete de Santiago estas promesas, que no eran sino puras promesas; pero que aquí aparentemente fueron creídas, y en consecuencia, recibidas con extremada satisfacción por los interesados.
Con este socorro extranjero, y los elementos de defensa de que disponían en el país, creyeron los o’higginistas que la victoria era segurísima. ¿Quién sería tan desconfiado para ponerla en duda? ¿Por qué motivos con visos siquiera de fundados, podría hacerlo?
En una carta, que tengo a la vista, escrita por Rodríguez a don José Antonio Bustamante, después de darle cuenta del ofrecimiento que acababa de hacer el gobierno de Mendoza, por medio de Zañartu, y de varios otros incidentes, todos favorables a la causa directorial, aunque tarde, que han obrado con ligereza, tienen prontos sus caballos para huir, y buscar la impunidad en la formación de montoneras; pero que don Bernardo toma sus medidas para cercarlos y hacer inútiles aquellos preparativos de fuga.
Sin embargo, estas ilusiones duraron poco. La marcha de los acontecimientos, la actitud del pueblo eran tales, que debían hacer palpar la realidad de las cosas y lo quimérico de las esperanzas de triunfo, aun a los parciales más visionarios de la administración.
El 1.º de enero de 1823, llegó a Santiago la noticia de que toda la provincia de Coquimbo, desde la Serena hasta Illapel, estaba insurreccionada; y de que, como la de Concepción, exigía la reforma de los abusos, y entre tanto había reasumido su soberanía.
La importancia de este suceso, puede decirse, que, bajo el aspecto material, era insignificante, pero bajo el aspecto moral, era inmensa. En Coquimbo, no había, como en el sur, un ejército veterano, capaz de hacer respetar a cañonazos la voluntad de los ciudadanos; pero había una población ilustrada y numerosa que casi en masa protestaba contra la conducta del director y sus allegados. El movimiento del norte daba al de Concepción el apoyo de la opinión.
Así, las dos extremidades de la república se levantaban contra O’Higgins, y cada una de ellas por su lado dirigía sus fuerzas sobre el centro para propagar la conflagración por todo el país.
Santiago, bajo el peso del gobierno y de una fuerte guarnición, se mantenía quieto; más era evidente que las simpatías de todos los habitantes estaban por la revolución. Los gobernantes no encontraban por donde quiera sino tibieza, disposiciones hostiles; no veían sino rostros que apenas disfrazaban el odio de que ellos eran objeto, o la alegría inspirada por las ventajas de sus adversarios; no escuchaban sino palabras frías, semiofensivas aún por la mala voluntad que dejaban adivinar. Nadie les manifestaba solicitud; nadie se mostraba dispuesto a servirlos con abnegación; nadie se les ofrecía, siquiera para consuelo, a sucumbir con ellos, y a participar de su desgracia. Los subalternos mismos de la administración estaban revelando en sus maneras, que aguardaban nuevos jefes por momentos. Era claro para quien tenía ojos y quería ver que aquel gobierno llevaba ya las señales de la muerte.
Los hombres de la dictadura de O’Higgins habían cometido faltas muy graves, crímenes aún; pero ese abandono en la adversidad era un castigo bien doloroso, una expiación muy terrible.
La sublevación de Coquimbo, el silencio hostil de la capital, abatieron a los gobernantes, y les quitaron todos sus bríos. No consideraron ya la victoria como una cosa fácil; pensaron al contrario que obtenerla sería casi un milagro. A la confianza, sucedió el desaliento; a las ilusiones, el desengaño de la realidad.
El 7 de enero, don José Antonio Rodríguez hizo dimisión de su cartera; cedía el campo a sus adversarios, y se confesaba vencido.
Al día siguiente, un decreto supremo le admitió la renuncia, dándole las gracias por sus buenos servicios y el fiel desempeño de su cargo.
Rodríguez, en la solicitud que con el objeto referido había elevado al director, había tenido cuidado de indicar la necesidad de la pronta reunión de un congreso, que terminase las diferencias con las provincias del sur y del norte, y de consignar, en el mismo documento, que desde el principio de las turbulencias, había sido éste su dictamen. Sin embargo, los hechos que he narrado, y el tono de los escritos que he copiado, no manifestaban tan buenas y conciliadoras disposiciones.
No obstante, el retiro de su primer ministro, O’Higgins permaneció en su puesto, pero ya no como antes, con ánimo de mantener la espada fuera de la vaina hasta no dejar un solo ingrato sin castigo, un solo revoltoso sin escarmiento. La fuerza irresistible de los acontecimientos había doblegado su arrogancia y hecho más humildes sus pretensiones.
Quizá conservaba todavía en el fondo del alma una vaga idea, que él mismo debía esforzarse en desechar como imposible, de retener el mando; la esperanza es el último amigo que abandona al hombre en la desgracia, pero lo que, en vista de los sucesos, ansiaba por conseguir, era, no tanto continuar en el poder, como descender con honor, con dignidad. Quería que no se le obligara a rendirse a discreción, que no se le expulsara a empellones de su palacio, que se le permitiera salir de él, como había entrado, con la frente erguida; en una palabra, quería tratar, y no que se le venciera; renunciar, y no que se le depusiera.
Desde la salida de Rodríguez, fue este el blanco de todas sus aspiraciones, el objeto de todos sus conatos.
Para alcanzar el logro de tal deseo, contaba con un ejército bien disciplinado, y todavía fiel. Tenía avanzado en la hacienda de Quechereguas, provincia de Talca, un escuadrón de cazadores a las órdenes del coronel don José María de la Cruz, jefe de la vanguardia. Las partidas de esta fuerza tenían frecuentes encuentros con otras también de cazadores que Freire había destacado a las márgenes del Maule. Una división compuesta del número 7 de línea, de un escuadrón de caballería y de algunas piezas de artillería, estaba acantonada en Rancagua, bajo el mando de don Joaquín Prieto, que era general en jefe del ejército de operaciones. Quedaban todavía de guarnición en Santiago, el regimiento de la Guardia de Honor, comandante don Luis José Pereira, una compañía de artilleros, comandante don Francisco Formas, y el escuadrón de la escolta, comandante don Mariano Merlo.
Se había procurado igualmente poner en servicio activo las milicias del país; pero casi todas ellas habían rehusado sostener la dictadura, y se habían desbandado tan pronto, como se había intentado sacarlas a campaña.
O’Higgins confiaba en las tropas que acabo de enumerar, para obtener una capitulación honrosa.
Con esta intención, escribió a Freire proponiéndole arreglar sus diferencias sin derramamiento de sangre, por medio de comisionados de una y otra parte, que se reunirían en Talca.
Freire aceptó la propuesta, y nombró para el efecto a don Pedro Zañartu y a don Pedro José del Río, miembros de la asamblea provincial de Concepción.
Don Bernardo dio sus poderes a don José Gregorio Argomedo, don Salvador de la Cavareda y don José María Astorga, y los autorizó para que tratasen con las condiciones siguientes; él renunciaría el mando, y lo delegaría en Freire; éste quedaba obligado a convocar inmediatamente un congreso constituyente; O’Higgins pedía para sí el generalato de un ejército auxiliar que don Luis de la Cruz acababa de venir a solicitar en nombre de los patriotas peruanos; si Freire prefería al título de director provisional el de general de estas tropas, podía marchar con ellas, y en ese caso, sería don Bernardo quien quedaría obligado a reunir el congreso constituyente, y a depositar el mando en las manos de esta asamblea.
Los señores Argomedo, Cavareda y Astorga, partieron de Santiago el 18 de enero de 1823, para ir a cumplir su misión de concordia.
Luego que en su viaje comenzaron a recorrer el país, vieron con admiración «que los deseos de una reforma (son expresiones de ellos mismos) se habían generalizado hasta el extremo de apetecerla aún las últimas clases de la sociedad».
Para calmar la extraordinaria efervescencia que notaban en los ciudadanos, y ver modo de arribar a un arreglo pacífico, impidiendo que un levantamiento en masa de las irritadas poblaciones diese a la crisis una solución violenta y tumultuosa, adoptaron el arbitrio de congregar, a medida que fueron llegando a estas ciudades, el cabildo y vecindario de Rancagua, San Fernando y Curicó, y de manifestarles la disposición en que se hallaba el director de reunir un congreso constituyente, y de renunciar. Sólo así pudieron apaciguar algún tanto la exaltación de los habitantes, y lograr que se mantuvieran quietos, aguardando el resultado de la negociación.
Sin embargo, los comisionados vieron todavía durante su viaje una nueva y alarmante muestra del desprestigio en que había caído ese don Bernardo O’Higgins, antes tan influente sobre los militares, tan respetado por los paisanos.
La vanguardia que capitaneaba el coronel Cruz se insurreccionó, aclamó por su jefe a don Salvador Puga, y volvió sus armas contra el gobierno. Los soldados amaban a Cruz; era un valiente, y además los trataba bien; a pesar de eso, no pudieron sustraerse al sentimiento general que impulsaba a todos a pronunciarse contra las autoridades establecidas, y antes que servirlas, prefirieron abandonar a un jefe querido.
Los cazadores dejaron a la elección de Cruz: o que se pasara con ellos al ejército de Concepción, y continuara mandándolos; o que se volviera libre a Santiago. Cruz admitió la segunda oferta; se creía en el deber de venir en persona a dar cuenta al director del destino que había corrido la tropa confiada a sus cuidados. En aquella época, O’Higgins pudo enumerar bien pocos oficiales que le probaran una fidelidad tan acendrada, como la del jefe de su vanguardia.
La insurrección de este cuerpo avanzado trajo para el gobierno la pérdida de todo lo que en la actualidad pertenece a la provincia de Talca.
Los enviados de don Bernardo, prosiguiendo entre tanto su camino, se encontraron con los de Freire.
Abiertas las conferencias, unos y otros convinieron sin dificultad en que O’Higgins debía renunciar el mando, y separarse del gobierno.
Luego que estuvo acordado este primer punto, los comisionados de Santiago pidieron, en nombre de los eminentes servicios prestados a la patria por el director, que aquella separación no se asemejase a una destitución, y que fue acompañada de circunstancias que no la hicieran indecorosa para el magistrado cesante, que, después de todo, había regido por tantos años la república. Para alcanzar el fin indicado, proponían que se le permitiera delegar la autoridad al que había de sucederle. Los plenipotenciarios del sur aceptaron sin embarazo la condición, y consintieron en que don Bernardo se retirase del poder con todas las apariencias de quien lo deja voluntariamente.
Entonces los otros demostraron las ventajas de que la delegación recayese en don Ramón Freire.
Aquí comenzaron las dificultades. Zañartu y Río tenían instrucciones expresas para que el gobierno se constituyera en un triunvirato, en el cual estuviesen representadas las tres provincias de Santiago, Concepción y Coquimbo; por lo tanto, les era absolutamente imposible admitir la indicación. Sin embargo, consideraban el arreglo propuesto por Argomedo, Astorga y Cavareda preferible a aquél para el cual venían facultados.
A fin de allanar el inconveniente, resolvieron que Río regresase apresuradamente a Concepción con el objeto de solicitar que se le autorizara para acordar aquel artículo, y concluir enseguida el ajuste de las estipulaciones.
Todos estos pasos eran inútiles. Los plenipotenciarios de una y otra parte tomaron esta determinación el 29 de enero; pero precisamente el día anterior, el pueblo de Santiago había puesto término a la cuestión.
O’Higgins, luego que se convenció de que su permanencia en el mando era imposible, buscó cómo calmar la agitación del pueblo, y cómo conseguir que le diera tiempo para descender con dignidad del alto puesto que ocupaba. Estaba resuelto a abdicar el poder; veía demasiado bien que no le sería lícito retenerlo más; pero deseaba retirarse honrosamente, con las apariencias de quien abandona un empleo por su propia voluntad, y no obligado por la fuerza.
Quería hacer pasar su vuelta a la vida privada como un acto de desprendimiento y abnegación, y no como un acto que le hubiera sido impuesto por la insurrección del pueblo y del ejército. Consentía en hacer una renuncia; pero su orgullo se revelaba a la idea de verse forzado a ceder delante de un motín de soldados, delante de una revuelta de demagogos; a juicio del dictador, los procedimientos de los ciudadanos y de las tropas, no merecían otro nombre. El pensamiento sólo de semejante humillación le era insoportable.
Estaba pronto a devolver esa autoridad que se le disputaba; los chilenos, que daban la ingratitud por recompensa a sus servicios, no eran dignos de que él los mandase; pero estaba también decidido a impedir que mano extraña viniese a arrancar con violencia de su pecho la banda directorial.
Como ese héroe de Homero que, en medio de la tempestad y la batalla, desafiaba a los dioses del Olimpo, O’Higgins se ponía en abierta lucha con un pueblo entero, insolentado por la sublevación, enfurecido por las pasiones políticas. Sintiéndose impotente para someterlo y castigarlo, no se resolvía, sin embargo, a cederle el campo, sino imponiéndole sus condiciones.
Para que se le dejara salir de su palacio sin insultos, sin desdoro, sin humillaciones, prometió acceder espontáneamente a cuanto se le exigía por la fuerza. Ofreció renunciar al título de director, dejar preparada la reunión de una asamblea constituyente, hacer una amplia justicia a todos las reclamaciones.
Mas para eso, era preciso que no se le viniera a intimar con ejércitos, con pobladas. De otro modo, él sería vencido combatiendo. ¿Y quién sabe? la suerte de las armas es siempre dudosa. Él también tenía soldados bravos y fieles; tenía la división de Cruz, la división de Prieto, la guarnición de Santiago. ¡Si se empeñaban en recurrir a las armas, recurrirían a ellas, y verían!
Había ordenado terminantemente a los redactores de periódicos que no hicieran la menor alusión a las ocurrencias del día; temblaba de dar con la publicidad pábulo a la agitación de los ánimos.
A pesar de esta prohibición, hizo insertar en el Mercurio de Chile la renuncia del ministro Rodríguez. La retirada de su favorito era una prenda de la sinceridad de sus promesas, que daba a los descontentos.
En ese documento, se hacía además referencia a la pronta convocatoria de un congreso, como a cosa resuelta en el gabinete. Convenía grandemente que el pueblo tuviera conocimiento de este hecho para que se aquietara y aguardara el desenlace de la crisis en sosiego, y sin recurrir a las últimas extremidades. Lo que deseaba O’Higgins era conservar ilesa la dignidad de su persona, y conseguir, a costa de cualquier sacrificio, que se le respetara.
El mismo día que se daba a luz la reunión del ministro, partía para el sur la comisión conciliadora. Los amigos de don Bernardo cuidaban de comunicar a quien quería oírles cuáles eran las instrucciones de aquellos plenipotenciarios: iban a tratar de dar una solución pacífica a la cuestión; O’Higgins prometía renunciar, y pedía que una asamblea legalmente elegida dictase una constitución; era necesario que los ciudadanos diesen tiempo para ajustar la negociación mencionada, y que no precipitasen los sucesos con pretensiones indebidas, con actos reprensibles de impaciencia.
Todo esto estaba destinado a aplacar la irritación de los habitantes; pero todo era trabajo inútil y perdido. Un gobierno que carece de autoridad moral y de fuerza material, no puede hacerse respetar. Un hombre que está ya caído no debe lisonjearse nunca de imponer condiciones a nadie, mucho menos a los vencedores.
El plan de O’Higgins era irrealizable. Para poder llevarlo a cabo, habría necesitado de un ejército que le fuese fiel, y las tropas con que él contaba estaban insurreccionadas, si no de hecho, al menos de intención.
Acababa de saberse en Santiago la pasada de la vanguardia a los sublevados de Concepción, cuando se recibió la noticia de que el escuadrón de Boile había hecho otro tanto en Illapel con los coquimbanos. ¿Qué recurso quedaba entonces al gobierno? Los batallones que había alistado para que le defendiesen, luego que llegaban a la vista del enemigo, en vez de pelear, corrían a engrosar las filas contrarias.
Estos sucesos manifestaron a don Bernardo que su situación iba de mal en peor; y que si no se apresuraba a tratar con los insurrectos, corría riesgo de ser aprehendido en su propio palacio.
Don Miguel Zañartu acababa de llegar a Santiago. O’Higgins creyó que un comisionado como éste aligeraría las negociaciones, y le hizo salir sin tardanza para que fuese a ver modo de arreglarse con Freire. Zañartu llevaba la siguiente carta de introducción:
Después de las dos defecciones que acababa de sufrir, el director, queriendo vigilar por sí mismo sobre las tropas que le quedaban, determinó concentrarlas en la capital, aunque para esto tuviera que abandonar a sus contrarios el resto de la república. El gobierno comenzaba a agonizar; como sucede a los moribundos, la vida se retiraba de sus extremidades, y sólo le animaba ya el corazón.
El 26 de enero, O’Higgins dio orden al general en jefe de su ejército, don Joaquín Prieto, de que recogiera todo el armamento que se había repartido a las poblaciones para la defensa, y se replegara a Santiago con la división de su mando acantonada en Rancagua. Daba por fundamento de esta disposición, no por supuesto el verdadero, sino la necesidad que había de dejar a los ciudadanos completamente libres para cuando procediesen a la elección de los diputados que habían de componer el próximo congreso constituyente.
Ese mismo día, reunió en su palacio a todos los oficiales de línea y de la guardia cívica que existían en la capital. Les hizo una pintura triste de la situación de la república; les pidió que, sin alistarse en los bandos políticos, fueran los defensores del orden, de las propiedades y de la seguridad de los habitantes; y concluyó proponiéndoles que se comprometieran por juramento al exacto desempeño de deberes tan sagrados. Dichas estas palabras, se retiró de la sala, y los dejó en libertad para resolver.
Muchos de los concurrentes habían prestado ya el juramento, cuando el mayor Barainca, interrumpiendo la operación, manifestó que la promesa que se les exigía era poco determinada, de sentido ambiguo, y que, a su juicio, el estado del país reclamaba la congregación, no sólo de los militares, sino también de las corporaciones civiles y eclesiásticas para que, entre todos, acordasen lo conveniente. Esta indicación fue apoyada por don Ignacio Reyes, don Domingo Godoy y un alférez de la escolta, y adoptada enseguida por todos los presentes.
El director supremo, luego que fue informado de lo que había ocurrido, aprobó también el acuerdo; y al siguiente día 27 de enero, mandó al ministro de gobierno Echeverría que dictase las providencias precisas para que aquella reunión general se verificase prontamente.
Esta apelación al pueblo venía demasiado tarde. Aquel mismo día 27, los representantes más caracterizados del vecindario habían determinado sin la anuencia de O’Higgins, congregarse ellos y los demás padres de familia en sesión solemne, y poner de una vez término a la azarosa situación en que se encontraba la república.
Era urgentísimo restablecer la tranquilidad. No podían vivir por más tiempo en medio de tantas alarmas, de tantas zozobras, de tanta agitación. La paralización de los negocios era completa, y estaba preparando la bancarrota de los particulares, la ruina de la república. Importaba que aquella anarquía cesase pronto; lo que la fomentaba era la presencia de un solo hombre, y por consiguiente ese debía caer, debía ser hecho a un lado; las delicadezas del amor propio de un individuo no podían hacer contrapeso en la balanza a los intereses de un pueblo.
Además, si el vecindario de la capital no tomaba en la cuestión la parte que le correspondía, los ejércitos de las provincias entrarían en la ciudad tambor batiente y banderas desplegadas, y como vencedores dictarían las condiciones del nuevo pacto social, organizando el Estado según su conveniencia y capricho. Era preciso evitar a toda costa esa vergüenza; era indispensable atender a que no fuera ajada la dignidad de la capital de Chile.
Estas y otras consideraciones habían inspirado a los ciudadanos que entonces llevaban la voz entre los demás la idea de promover una manifestación solemne, imponente, que, dando a conocer de un modo palpable la opinión casi inánime de los santiaguinos, obligara a don Bernardo a que hiciera dimisión de la dictadura.
Días antes aún, habrían puesto en ejecución el pensamiento, si no los hubiera contenido el temor de ser dispersados a bayonetazos por los soldados de la guarnición. Sabían, sin embargo, que los jefes de los cuerpos y la mayor parte de los oficiales habían mostrado en conversaciones privadas el mismo descontento, que los paisanos; pero nadie se había atrevido todavía a proponerles el proyecto, y a exigirles el compromiso formal de que cooperarían a su realización.
Al fin, el 27 de enero, los promotores de la reunión se decidieron a obrar a cara descubierta. Contaban con la aquiescencia del intendente de Santiago don José María Guzmán, con la aprobación de casi todos los miembros del cabildo, con el auxilio del comandante de artillería don Francisco Formas, con el del comandante de la escolta don Mariano Merlo. Faltaba sólo asegurarse la ayuda de Pereira, que era la más importante, pues la Guardia de Honor ascendía como a mil plazas.
Este jefe estaba estrechamente relacionado con O’Higgins, y era su amigo personal. Así, nadie quería encargarse de ir a preguntarle que conducta observarían él y su regimiento, caso de verificarse la manifestación que se preparaba.
Por último, don Juan Melgarejo y don Buenaventura Lavalle, dos jóvenes que se distinguían por su actividad en la maquinación, se ofrecieron para dirigir a aquel jefe una pregunta que era un si es no es peligrosa. Pereira les contestó con franqueza que su regimiento no volvería jamás las armas contra una reunión popular tan respetable como la que se proyectaba; pero que, en cambio, exigía que la persona del dictador fuese considerada, y no recibiese ningún insulto.
Conocidas de un modo positivo las buenas disposiciones en que se encontraba el comandante de la Guardia, no había ningún embarazo para ejecutar lo pensado.
Sin pérdida de tiempo, los mismos Melgarejo y Lavalle redactaron unos carteles por los cuales se invitaba a los ciudadanos para que, al día siguiente, 28 de enero de 1823, se congregasen a resolver lo que mejor conviniese a la república; y ellos mismos, protegidos por las tinieblas de la noche, fueron fijándolos en las esquinas de la ciudad.
El 28 de enero, entre las diez y once de la mañana, la parte más visible del vecindario comenzó a juntarse en los salones de la intendencia, que ocupaba entonces la casa de los obispos al costado de la catedral. Asistieron a aquella reunión los hombres más condecorados de Santiago, y entre ellos, algunos que jamás habían tomado la menor ingerencia en la política.
A las doce del día, la concurrencia, que no cabía en aquel edificio, resolvió trasladarse a la sala del consulado, donde ahora se reúne la cámara de senadores. Hubo gente para llenar, no sólo esa sala, sino también el patio.
Todos los individuos de aquella asamblea, verdaderamente respetable por muchos motivos, estaban acordes en que don Bernardo O’Higgins debía ser separado del mando. No veían otro medio de conjurar la multitud de males que amenazaban al país.
Entre tanto, el director era informado en su palacio de lo que estaba sucediendo, y se ponía furioso al saber una manifestación que reputaba un desacato contra la autoridad, un insulto a su persona. Bien fuera que le engañasen los que le llevaban las noticias, bien que la indignación no le dejara comprender la importancia de aquel acontecimiento, lo cierto es que se obstinó en mirar aquella reunión como una asonada promovida por unos cuantos demagogos y cuatro mozos de café, y que prometió no dejar impune tamaña insolencia.
Al instante impartió órdenes para que los comandantes de la escolta y de la Guardia tuvieran listas sus tropas respectivas.
No tardó en saber que Merlo, aunque no había rehusado obedecer, había hablado de respetos al pueblo, y manifestado la resolución de no cooperar a ningún acto hostil contra los ciudadanos reunidos en el Consulado.
A esta noticia, sube de punto su furor. Se dirige del palacio al cuartel, acompañado de sólo sus edecanes. Busca a Merlo; en presencia de los soldados, le arranca las charratelas de los hombros, y se las pisotea; después le arroja a empellones para la calle.
Los soldados victorean al director. O’Higgins les da a reconocer por su comandante a don Agustín López, y sale con ellos a la plaza. Allí los deja formados; y con un corto número, se encamina al convento de San Agustín, donde se hallaba acuartelado el regimiento de la Guardia de Honor.
El centinela que está a la puerta hace ademán de atajarle el paso. Esa consigna no se extiende al director supremo de la república, le gritó O’Higgins con voz tonante, y sigue su camino, sin que el soldado se atreva a impedírselo.
Pereira le recibe con consideraciones, y procura calmarle; pero le hace entender que, en caso de un conflicto, no se halla dispuesto a embestir contra el pueblo, aunque si a exigir que se guarde todo el respeto debido a la persona de don Bernardo.
O’Higgins, en medio de su acaloramiento, da él mismo a la tropa las voces de mando para que se ponga en marcha; no es obedecido. Pereira le recuerda con moderación que el comandante es quien debe entenderse con los subalternos, y que es a éste a quien el director debe transmitir, para que se cumplan, las órdenes que tenga a bien.
O’Higgins le toma entonces del brazo; director y comandante, enlazados de ese modo, se ponen a la cabeza del regimiento, y van a situarse en la plaza, que guarnecía ya, como lo he dicho, la mayor parte de la escolta.
En este lugar, permaneció largo tiempo don Bernardo agitado por la más violenta indignación, impaciente por castigar a los revoltosos del Consulado, y dudando si podría contar o no con la fidelidad de una tropa que acababa de darle muestras tan poco equívocas de insubordinación.
Al mismo tiempo que el director toma contra la asamblea del Consulado las medidas hostiles que he referido, ésta, por su parte, no se descuidaba, y se preparaba a la defensa, por lo que pudiera suceder.
El intendente de la provincia, que puede decirse, era quien presidía aquel solemne cabildo abierto, dio orden a los oficiales de la guardia nacional para que reuniesen sus soldados y los pusiesen sobre las armas. Se hizo que el cuerpo de artillería, que desde temprano se había plegado al movimiento, viniera a fortificar con sus cañones el cuartel de San Diego, donde los cívicos se encontraban situados. Se mandaron transportar de la maestranza, al mismo punto, fusiles, sables y municiones, y se incitó a los ciudadanos a armarse en apoyo de la causa popular. El llamamiento fue escuchado; y en pocas horas, quedó improvisado un verdadero ejército de voluntarios, que estaban dispuestos a sostener, aunque fuera a costa de su sangre, la justicia de sus pretensiones.
La asamblea del Consulado estaba, sin embargo, muy distante de querer recurrir a la violencia; su más ardiente deseo era evitar cualquier conflicto. Si dictaba aquellas disposiciones marciales, era precisamente con el objeto de hacerse respetar, y de impedir, por la ostentación de sus recursos, todo pensamiento de resistencia, que la desesperación pudiese inspirar a don Bernardo. Conocía que éste, en el estado de las cosas, no podría emprender nada de eso con provecho; pero temía que una tentativa imprudente produjese males irreparables, desastres innecesarios, y tal vez una matanza que, por largo tiempo, hiciera derramar lágrimas.
A fin de prevenir el intento que suponía posible en el director, le envió una comisión, de la que hacían parte don Fernando Errázuriz y don José Miguel Infante, encargada de invitarle con todo respeto en nombre del cabildo y del vecindario a que se apersonase en el Consulado, y fuese a oír las peticiones que el pueblo había acordado dirigirle.
O’Higgins recibió a estos diputados en la plaza al frente de su tropa formada en batalla y con las armas en descanso; escuchó el mensaje con impaciencia y enojo, y respondió que el cabildo fuera de su sala de sesiones no tenía ninguna representación; que el vecindario reunido tumultuariamente en asonada tenía aún menos derecho para pretender entrar en arreglos con la autoridad suprema de la república; que se restituyera el cabildo a su sala, que se disolviera aquel tumulto; y entonces, sólo entonces, consentiría él en oír lo que tenían que decirle.
Cuando los ciudadanos del Consulado supieron la altanera contestación de don Bernardo, la actitud amenazante que tenía al frente de sus soldados, determinaron no separarse hasta haber logrado lo que se habían propuesto; pero al mismo tiempo, decidieron no recurrir a los medios extremos sino en último caso, y trabajar cuanto pudiesen para alcanzar sus propósitos de una manera pacífica y amistosa. Sintiéndose fuertes por el derecho, querían observar toda la moderación y dignidad propias del augusto carácter que investían en aquellas circunstancias. Deseaban que no hubiera nada de violencia, nada de arrebatos coléricos; era preciso que la opinión del pueblo, expresada claramente, triunfase por su sola virtud.
Convenía hacer entrar en su deber a don Bernardo con suavidad, sin derramamiento de sangre. ¿Para qué arriesgar la vida de un solo hombre antes de haber agotado todos los arbitrios de restituir al director esa serenidad que le había sido arrebatada por la rabia del vencimiento, y sin la cual no podía apreciar su situación como era debido?
O’Higgins amaba y respetaba mucho a su madre.
Algunos creyeron que quizás una boca tan querida le haría entender la razón mejor que cualquiera otra, y fueron a manifestar a la señora los riesgos a que se exponía su hijo, las desgracias que una terquedad inútil iba seguramente a atraer sobre la ciudad.
Aquella matrona eran tan altiva, como don Bernardo, y estaba tan encolerizada, como él:
-Preferiría -contestó a los que procuraban inspirarle susto para que interpusiera su influencia- ver a mi hijo muerto, antes que deshonrado. No le dirigiré una sola palabra sobre este asunto; tiene sobrado juicio y edad para gobernarse por sí solo.
Cuando se perdió la esperanza de que las insinuaciones maternas aplacasen al director, se recurrió a las amonestaciones de la amistad.
Se ordenó que un mensajero corriese en alcance de don Luis de la Cruz, que, aquella misma mañana, había salido para Valparaíso, ignorante de lo que iba a suceder, y le pidiera, en nombre del vecindario reunido, que volviera a servir de mediador entre el pueblo y su amigo don Bernardo, el cual se empeñaba en sostener una lucha que, aunque desesperada, no dejaría por eso de producir males irreparables. Al propio tiempo, se enviaron algunos comisionados a indagar si don José Antonio Rodríguez se prestaría a hacer servir su valimiento con O’Higgins para persuadirle que no le quedaba más arbitrio que ceder.
Estos últimos no tardaron en venir a anunciar a la asamblea que el ex ministro accedía con gusto a la solicitud.
Con esta seguridad, se pidió a Rodríguez que escribiese una carta a don Bernardo aconsejándole la dimisión del mando supremo, y que él mismo concurriese al Consulado para que apoyase la indicación con su presencia y palabras, cuando el director compareciese ante el vecindario, lo que indudablemente había de suceder. Rodríguez escribió la carta como se le pedía, y vino a sentarse entre los miembros de la reunión popular.
Entre tanto, Cruz acudió presuroso al urgente llamamiento que se le había dirigido. Luego que estuvo informado de cuanto sucedía, y de las intenciones que abrigaba la asamblea, marchó sin tardanza a verse con el director para conseguir que desistiera de su primera negativa a las instancias del pueblo.
Encontró por el camino un edecán que, en nombre de O’Higgins, iba a intimar a la asamblea que se disolviera, si no quería exponerse a los resultados de una desobediencia. Cruz cargó con la responsabilidad de hacer suspender la orden, y se llevó consigo al portador de ella.
Llegado delante de O’Higgins, le encontró siempre enfurecido y dispuesto a persistir en su propósito. Le explicó entonces cómo era que había retrocedido del camino de Valparaíso por llamamiento del vecindario, y cómo era que, por comisión de este mismo, iba a solicitar que el director pasase al Consulado.
Don Bernardo, en contestación, le repitió con tono despreciativo la frase con que había estado justificando hasta aquel momento su conducta:
-Esa reunión, salvo reducidas excepciones, sólo se compone de demagogos y mozos de café.
-Se engaña Vuestra Excelencia -le replicó Cruz con firmeza-; vengo de allá, y puedo asegurarle que se halla congregada en ese sitio la porción más notable de los habitantes de Santiago.
-Entonces me han informado mal -dijo O’Higgins con alguna vacilación.
Pero todavía persistió en su primera resolución.
Cruz y Pereira tuvieron que gastar aún más de un cuarto de hora para hacerle cambiar de propósito.
Al cabo de ese espacio, lograron atraerle a su opinión. O’Higgins pasó a su palacio a revestirse de todas sus insignias; y adornado de esa manera se encaminó al Consulado en compañía de Cruz y Pereira, y seguido de su escolta. La Guardia permaneció en la plaza.
Serían como las cuatro de la tarde.
La venida de don Bernardo se anunció en el Consulado por un gran movimiento entre los asistentes.
Era tanto el gentío que llenaba el edificio, que costó trabajo abrir un estrecho pasaje al primer magistrado de la república, que, mal de su grado, acudía al llamamiento del pueblo. Al fin, a costa de algunos esfuerzos, O’Higgins pudo atravesar la multitud y colocarse en el sitio de honor, a la testera de la que en el día es sala del senado. Se quedó de pie con el rostro encendido, la mirada airada, el cuerpo algo inclinado adelante, las manos apoyadas sobre una mesa.
Al bullicio que había producido su llegada, se siguió el más completo silencio.
Don José Miguel Infante se levantó, y principió a hablar recordando la lamentable situación de la república, probablemente para deducir de aquí la necesidad de que O’Higgins renunciara el algo cargo que estaba ejerciendo.
Éste clavó sañudo su vista sobre el orador; e interrumpiendo su discurso, le preguntó impetuosamente:
-El individuo que ha tomado la palabra, ¿qué títulos, qué derechos tiene para hacerlo?
Esta apóstrofe inesperada cortó a Infante, que quedó sin saber qué responder.
Entonces Errázuriz saltó de su asiento gritando con voz retumbante:
-El título que tiene Infante, Excelentísimo Señor, para dirigiros la palabra, es el haber sido uno de esos diputados del pueblo a los cuales Vuestra Excelencia ha rehusado escuchar cuando, por encargo de esta respetable reunión, hemos ido a buscarle a la plaza principal.
Enseguida, se puso a enumerar los fatales resultados de esa tenaz persistencia que mostraba O’Higgins para retener el mando a despecho de sus conciudadanos; habló de la continua alarma que había alejado del país toda tranquilidad, de la guerra civil que devoraba a la república, de la anarquía que le estaba destrozando; y concluyó exhortando al director en nombre de la patria a que evitara, dimitiendo su empleo, la desgracia de los chilenos, la ruina completa del Estado.
A su vez, O’Higgins pareció conmovido y turbado. Pidió que los presentes nombrasen una comisión para discutir con ella el asunto, y tomar una resolución. Así se hizo, proponiendo don Mariano Egaña los miembros que debían componerla, y aclamándolos el pueblo a medida que los iba designando.
En el acto, el director y los comisionados se pusieron a dilucidar aquella ardua cuestión.
O’Higgins negó al vecindario de Santiago el derecho de exigirle una renuncia, y negó también la urgencia de la medida. Él había recibido de la representación nacional la investidura de su cargo, y los vecinos allí congregados no eran sino la representación de una ciudad. El director de toda la república no podía ser removido por el vecindario de sola la capital. Por otra parte, ¿para qué tanta prisa cuando en aquel momento sus plenipotenciarios debían estar ajustando con los de Freire las condiciones de la paz?
Según refiere Domingo Santa María en su biografía de Infante, el intendente Guzmán rebatió victoriosamente la primera de estas objeciones:
-Es cierto, Señor -dijo-, que Vuestra Excelencia es director de toda la república, y que aquí no se encuentra sino el pueblo de Santiago; pero yo tuve también la honra de concurrir a la reunión popular que nombró a Vuestra Excelencia supremo director, y esa reunión se hizo sólo del pueblo de Santiago, y con un número de personas mucho más limitado que el presente.
La segunda objeción fue igualmente bien contestada. Si estaba resuelto a retirarse, ¿para qué la demora, cuando con su dimisión todo se arreglaba, todo se pacificaba?
El director y los comisionados se dieron todavía algunas explicaciones, hasta que al fin el primero convino en delegar su autoridad a una junta de tres individuos que el pueblo le designaría.
Luego que la concurrencia estuvo informada de esta determinación, eligió por unanimidad para vocales de la nueva junta a don Agustín Eyzaguirre, don José Miguel Infante y don Fernando Errázuriz.
O’Higgins comenzó entonces a desprenderse de la banda:
-Siento -dijo- no depositar esta insignia ante la asamblea nacional, de quien últimamente la había recibido; siento retirarme sin haber consolidado las instituciones que ella había creído propias para el país, y que yo había jurado defender; pero llevo al menos el consuelo de dejar a Chile independiente de toda dominación extranjera, respetado en el exterior, cubierto de gloria por sus hechos de armas.
Doy gracias a la Divina Providencia, que me ha elegido para instrumento de tales bienes, y que me ha concedido la fortaleza de ánimo necesaria para resistir el inmenso peso que sobre mi han hecho gravitar las azarosas circunstancias en que he ejercido el mando.
Pido muy de veras al cielo proteja del mismo modo a los que deben sucederme.
Dichas estas palabras, depositó la banda sobre la mesa que tenía delante, y prosiguió:
-Señores, al presente soy un simple particular. Mientras he estado investido de la primera dignidad de la república, el respeto, sino a mi persona, al menos a ese alto empleo, debía haber impuesto silencio a vuestras quejas. Ahora podéis hablar sin inconveniencia. Que se presenten mis acusadores. Quiero conocer los males que he causado, las lágrimas que he hecho derramar. Salid y acusadme. Si las desgracias que me echáis en rostro han sido, no el efecto preciso de la época en que me ha tocado ejercer la suma del poder, sino el desahogo de mis malas pasiones, esas desgracias no pueden purgarse sino con mi sangre. Tomad de mi la venganza que queráis, que yo no os opondré resistencia. Aquí está mi pecho.
Al decir esto, entreabrió violentamente su casaca, haciendo saltar dos o tres botones, por la impetuosidad del movimiento, y mostró su pecho desnudo, como para presentarlo a los tiros de sus adversarios.
Viento esta acción, los circunstantes se pusieron a gritar:
-No tenemos nada que pedir contra vos general. ¡Viva el general O’Higgins!
-Bien sabía -dijo el ex director, al parecer muy satisfecho de aquella explosión de entusiasmo- que nadie podría con justicia demandarme cuenta de males que sólo han sido el resultado de las circunstancias; pero de todos modos, os agradezco la manifestación con que acabáis de honrarme.
En este momento, turbó la reunión el ruido de un grande alboroto en la calle, y el estruendo de descargas y cañonazos, que se dejaban oír a alguna distancia.
Los concurrentes pensaron, desde luego, que sin duda la guarnición se había dividido en bandos, unos por O’Higgins y otros por el pueblo, y que habían venido a las manos; pero poco a poco, la calma volvió a establecerse, y se supo que todo no había sido más que bulla.
Era el caso que los ciudadanos armados que ocupaban el cuartel de San diego, habían estado mirando todo el día con desconfianza la actitud indecisa de la Guardia de Honor. Esto había motivado que aseguraran a varios soldados de este cuerpo, a quienes habían sorprendido separados del resto de sus compañeros. Los voluntarios de San Diego creían que cada uno de estos prisioneros era para ellos un enemigo menos.
A eso de la oración, sabedor de tal ocurrencia, el jefe que había quedado en la plaza, al mando del regimiento, envió una partida para reclamar la libertad de sus subalternos.
Los centinelas avanzados en las bocacalles inmediatas al cuartel, tan luego como distinguieron el uniforme de la Guardia, dieron la alarma, y anunciaron que venían a atacarlos.
Bastó este falso aviso, para que cívicos y artilleros prendiesen fuego a sus armas, y estuvieran tiroteando al aire por más de un cuarto de hora. Por último, reconocieron su error, y volvieron a permanecer quietos, como antes.
Luego que los señores del Consulado se cercioraron de que aquella bullanga no había sido más que puro ruido, y que todo había pasado como lo dejo dicho, continuaron su sesión.
El tiempo había corrido, y serían como las nueve de la noche.
O’Higgins manifestó que, después del arreglo convenido, su presencia era inútil, e indicó que iba a retirarse. Se nombró una comisión para que le acompañase hasta el palacio, y casi toda la concurrencia hizo voluntariamente otro tanto.
La conducta del vecindario de Santiago en este día fue firme, llena de calma y moderación, noble, generosa, imponente. Se hizo respetar sin recurrir a la violencia, sin perder un sólo instante su dignidad con los arrebatos de la cólera.
No cedió un solo punto a las pretensiones del dictador, y le obligó a que compareciese a su despecho, ante el pueblo; pero en cambio, se mostró magnánimo con el caído, y le guardó toda especie de consideraciones en su desgracia. Fuerte con la justicia y con el triunfo, no se complació en insultar al vencido, e hizo lo menos amargo que le fue posible el infortunio de un hombre que, si había cometido grandes faltas, había prestado también grandes servicios a la patria.
El 28 de enero de 1823, es una fecha que el vecindario de la capital puede escribir con letras de oro, al lado de el 18 de septiembre de 1810.
Los hechos como ésos honran a los pueblos, y deben servir de ejemplo para sus descendientes.
Tan pronto como se supo en la división de Prieto la abdicación de don Bernardo, el número 7 de línea se amotinó, deponiendo a sus jefes, so pretexto de que eran o’higginistas incorregibles. Así, puede asentarse que ni uno solo de los cuerpos del ejército se motivó bien fiel al director, y que todos ellos, cuando menos, manifestaron simpatías por el movimiento del pueblo.
O’Higgins partió inmediatamente para Valparaíso, con permiso de la junta gubernativa de Santiago. Llevaba la determinación de embarcarse para el Perú. En ese puerto, fue a alojarse en casa del gobernador Zenteno. Una compañía del cuerpo de Pereira, le servía de guardia de honor.
Estaba allí, cuando arribó Freire de Talcahuano con su división.
Los dos generales tuvieron una entrevista cordial y amistosa; pero Freire se vio forzado a tomar una providencia severa, seguramente a su pesar.
El ejército del sur, animado por el espíritu de provincialismo, supo con sumo disgusto que la junta de Santiago, sin anuencia de las otras provincias, hubiera decidido acerca de la suerte del ex director. Miró esta disposición como una usurpación de los derechos que correspondían a los demás pueblos, como un ultraje a la dignidad de éstos, y exigió una satisfacción.
Para acallar los murmullos, Freire tuvo que censurar la conducta de la junta en este negocio, y que ordenar se residenciara al director y sus ministros.
Ésta era una medida puramente de circunstancias. Así no produjo ningún resultado serio, ni para don Bernardo, ni para los individuos que le habían acompañado como ministros en la última época de su gobierno.
A los cinco meses de encontrarse detenido por este motivo en Valparaíso, O’Higgins recibió el siguiente pasaporte, que era más bien un certificado de sus servicios, altamente honorífico para su persona:
Con este pasaporte, O’Higgins se dirigió al Perú, país que él había elegido para su destierro, y que el cielo destinaba para su sepulcro.
Hay un elogio que tributarle por el amor que nunca dejó de manifestar a Chile durante su proscripción. Su caída era justa, su desgracia merecida; pero él, cegado por la pasión, no podía considerarlo así. Sin embargo, jamás, como otros proscritos, maldijo la tierra de su nacimiento; jamás cesó de estimar como el título más preciado su calidad de chileno. Como tantos otros en igual situación, no parodió la célebre imprecación de Escipión el africano contra Roma: «Ingrata patria, no tendrás ni aun mis huesos». Al contrario, su mayor deseo era volver a visitar, antes de morir, ese Chile que las instituciones republicanas habían hecho en pocos años libre, rico y floreciente, y que él había conocido pobre, atrasado y esclavo.
No pudiendo regresar a esa comarca por cuya emancipación había derramado su sangre, y cuya independencia había proclamado, se entretenía en estudiar el mapa de este suelo querido, en trazar sobre él caminos y canales, en inventar proyectos para la prosperidad de esa patria cuya entrada le estaba prohibida, en escribir a los amigos que acá había dejado para que trabajasen en la ejecución de esos planes.
No obstante, don Bernardo O’Higgins no debía volver a pisar nunca la tierra de sus hazañas, de sus glorias, de su felicidad, de su afecto. Era ésa la dolorosa expiación que estaba reservada a las graves faltas del dictador.
El 31 de marzo de 1823, el general don Ramón Freire fue elegido director supremo. La república bajo la dirección de este valeroso soldado, y más que eso buen ciudadano, iba a entrar en un nuevo período de su existencia, y a hacer el ensayo de las instituciones liberales.