Moneda y Crédito. Núm. 188, 1989

[Indicaciones de paginación en nota.¹]

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• Presidente:
  • Luis Ángel Rojo, Universidad Complutense de Madrid²
• Director:
  • José Viñals, Banco de España³
• Consejeros:
  • Gonzalo Anes, Universidad Complutense de Madrid
  • Charles Bean, London School of Economics
  • Lucas Beltrán, Universidad Complutense de Madrid
  • Olivier Blanchard, Massachusetts Institute of Technology
  • Leopoldo Calvo-Sotelo, Banco Hispano-Americano
  • Carlos Cuervo-Arango, Banco Español de Crédito⁴
  • Benjamín Friedman, Universidad de Harvard
  • Jorge Hay, Banco Hispano-Americano
  • César Molinas, Ministerio de Economía y Hacienda⁵
  • José María Naharro, Universidad Complutense de Madrid
  • Vicente Salas, Universidad de Zaragoza⁶
  • Charles Wyplosz, INSEAD

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Ante ustedes tienen el primer número de la segunda época de Moneda y Crédito, revista de economía fundada en 1942 y que, desde esa fecha, ha recogido numerosas y relevantes contribuciones a la literatura profesional, convirtiéndose en una admirable historia de la economía española e internacional durante los últimos cuarenta y siete años. En esta segunda época pretendemos mantener la solera de la revista y, al mismo tiempo, especializarla en temas de macroeconomía y economía monetaria y financiera, a fin de recoger y analizar de una manera rigurosa y al mismo tiempo accesible al lector los problemas actuales más relevantes de la economía española e internacional. Nuestra intención es la de llegar al mundo académico y también a quienes en el sector público y en el sector privado están inmersos en los procesos de toma de decisiones. Decisiones que serán tanto más afortunadas si están basadas en una comprensión adecuada de la realidad económica del momento.

Moneda y Crédito publicará dos números al año. Uno de ellos será el resultado de un Simposio en el que se presentarán y discutirán trabajos previamente encargados a prestigiosos economistas nacionales y extranjeros. El otro número se nutrirá de artículos solicitados así como de artículos no solicitados de calidad que sean seleccionados por nuestros evaluadores.

Como pueden comprobar a través de la composición del Consejo Asesor de la revista, en esta segunda época se combina el esfuerzo de personas ilustres y de gran relevancia en el mundo de la economía española que contribuyeron decisivamente al éxito de Moneda y Crédito en su anterior etapa, con el de otros economistas españoles y extranjeros que están contribuyendo a la literatura profesional de manera significativa en sus respectivos campos de especialización. Nuestras pretensiones no son sólo ofrecer una revista de economía «diferente» sino también que nuestras páginas y el Simposio anual sirvan de punto de referencia para la libre expresión y discusión de las ideas económicas que fluyen dentro y fuera de nuestro país.

El Consejo de Redacción

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Los artículos contenidos en este volumen y los comentarios que los acompañan surgieron del Simposio realizado por Moneda y Crédito en Madrid los días 3 y 4 de noviembre de 1988 y al que, además de los autores y comentaristas que aparecen citados en el índice del presente número, concurrieron otros prestigiosos economistas nacionales y extranjeros. Los temas centrales del Simposio fueron la inversión y la oferta de trabajo femenina en España.

En las economías modernas, la inversión supone el motor del crecimiento. En España, la profunda crisis económica iniciada en el año 1984 con la elevación de los precios del petróleo, se vio reflejada en una caída aguda y duradera de los ritmos de producción e inversión que vino acompañada de un proceso de intensa destrucción de empleo. Sin embargo, durante los últimos años se ha producido una considerable reactivación inversora en nuestro país al hilo de la mejora general del clima económico nacional e internacional. Esta reactivación es imprescindible para adecuar el stock de capital productivo a las nuevas condiciones de mercado que se derivan de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la futura desaparición de barreras comerciales y financieras entre los países comunitarios.

Al mismo tiempo, la mejora y ampliación de nuestra capacidad productiva hace posible crear una mayor cantidad de puestos de trabajo como consecuencia de la recuperación de la demanda agregada que -a su vez- se ha visto favorecida por el reciente relanzamiento de la inversión. No obstante, el proceso de creación de empleo sólo se traducirá en una reducción de nuestra elevada tasa de paro mientras no se vea compensada por un aumento paralelo de la población activa española. En este sentido, la experiencia de nuestro país durante los últimos años indica que la población activa ha aumentado considerablemente, registrándose un peso creciente de la participación de la mujer en el mundo del trabajo. Por todo ello, este primer Simposio de Moneda y Crédito se ha centrado en los temas de   —10→   inversión y participación de la mujer en el mercado laboral español. A continuación, se hace un breve balance de las lecciones que se derivan de los trabajos presentados.

Los cuatro primeros artículos están dedicados a la inversión. En el primero de ellos, Arturo González Romero y Rafael Myro analizan el proceso de fuerte inversión que se ha observado en la industria española a partir de 1985 y que ha sido uno de los más intensos llevados a cabo en el área de países industrializados. A partir del hecho de que el comienzo de la recuperación de la inversión industrial española se sitúa en 1985, cuando todavía no se había producido sino una muy incipiente reactivación de la demanda interna, los autores describen en términos agregados y por sectores la evolución de la inversión industrial en España en el período 1985-1988 y se interrogan sobre sus factores determinantes.

En concreto, los autores sugieren que el fuerte proceso inversor llevado a cabo en 1985 y 1986 respondió, principalmente, a la finalidad de modernizar el aparato productivo industrial para adecuarlo a las necesidades de mayor competencia derivadas de la entrada de España en la CEE. Estos comportamientos estratégicos, a su vez, pudieron plasmarse en una aceleración tan sustancial de la inversión gracias al estimulo proporcionado por las medidas fiscales adoptadas a finales de 1985 -que hicieron posible la amortización instantánea de los equipos adquiridos en ese año y el siguiente-, así como al saneamiento financiero de las empresas derivado de la recuperación del excedente empresarial.

Tras producirse en 1985 y 1986 un aumento especialmente rápido de la inversión en aquellos sectores con unas mayores necesidades de adecuar sus capacidades tecnológicas -siderurgia, química, maquinaria y equipo mecánico-, parece que el proceso inversor ha venido dirigido cada vez más durante 1987 y 1988 a la ampliación de la capacidad productiva, estimulado por los fuertes aumentos registrados en la demanda agregada interna y externa.

La búsqueda de los factores económicos específicos que determinan la evolución de la inversión en España es la tarea del artículo de Javier Andrés, Álvaro Escribano, César Molinas y David Taguas. En el mismo, se formula y estima una función agregada de inversión para el sector privado a partir de datos anuales para el período 1964-1987. Tal y como señalan los autores, la comprensión de la evolución de la inversión en España constituye asimismo un factor importante para entender el fuerte crecimiento del paro en la última década, dado que la atonía de la demanda agregada y el escaso crecimiento del stock de capital han sido -entre otros- factores importantes de la caída del empleo hasta 1985.

Los resultados empíricos obtenidos sugieren que, en nuestro país, la inversión viene influida, en el largo plazo, tanto por variables representativas del empuje de la producción y el grado de utilización de la capacidad   —11→   productiva como por el coste de uso del capital. Sin embargo, estos efectos tienen un grado de influencia muy diverso sobre las decisiones de inversión en el corto plazo. De este modo, un impulso de la producción se traduce en aumentos débiles y lentos de la inversión, mientras que ésta reacciona positiva y rápidamente ante aumentos del grado de utilización de la capacidad productiva. Por su parte, un aumento del coste de uso del capital reduce significativamente -aunque con un desfase temporal- la inversión en función de la mayor carestía de ésta. Por último, es de destacar que, aunque no resulta un determinante de las decisiones de inversión en el largo plazo, la inflación si parece afectar la inversión en el corto plazo. Así, el rápido efecto negativo que sobre la inversión agregada tiene la tasa de inflación, puede interpretarse como resultado del aumento de la incertidumbre que lleva consigo así como del efecto negativo que produce su presencia en un sistema impositivo no indiciado como el español.

Por tanto, del artículo se puede concluir que el sostenimiento del proceso inversor depende no sólo del mantenimiento de un crecimiento sostenido de la producción y de la demanda, sino de un coste de uso del capital reducido -apoyado en bajos tipos de interés reales y una fiscalidad adecuada-, todo ello dentro de un clima de estabilidad de precios y certidumbre. Por otra parte, un punto de discrepancia entre los resultados del artículo de Andrés et al. y el de González Romero y Myro antes mencionado es que las funciones de inversión estimadas por los primeros no parecen necesitar de un «efecto CEE» independiente para explicar adecuadamente la reactivación inversora experimentada en nuestro país desde 1985. Sin duda, esta discrepancia merece ser objeto de investigaciones posteriores.

Los dos artículos siguientes tratan en profundidad el papel que juegan dos factores condicionantes de la inversión: la fiscalidad y la existencia de restricciones financieras.

El artículo de Manuel Espitia, Emilio Huerta, Gabriel Lecha y Vicente Salas examina minuciosamente el grado de eficacia de los estímulos fiscales a la inversión en España. Dado que parece existir una asociación inversa y significativa entre la evolución del coste de uso del capital y la tasa de inversión, los autores se hacen las preguntas siguientes: ¿cómo influye la fiscalidad española sobre el coste de uso del capital?, y ¿qué tan eficaces han sido los estímulos fiscales a la inversión introducidos tras la reforma del Impuesto de Sociedades en 1978?

Tras constatar que en el período 1965-1984 ha existido un coste de uso de capital creciente en lo que se refiere a Edificios no Residenciales y Existencias y un coste estable para Bienes de Equipo y Material de Transporte, los autores señalan que la fiscalidad ha jugado un papel relevante en la evolución temporal del coste de uso del capital. En concreto, la introducción de estímulos fiscales a la inversión en 1979 moderó la   —12→   tendencia alcista del coste de uso del capital derivada de los elevados tipos de interés soportados por las empresas españolas en aquel período, lo que evitó un comportamiento todavía menos favorable de la inversión en años siguientes. Específicamente, si los otros factores que condicionaron la evolución del coste de uso del capital se hubieran mantenido en sus valores de 1978, los nuevos estímulos fiscales hubieran reducido en un 15 por 100 el coste de uso del capital respecto del período precedente.

En el artículo, también se investiga la relación que existe entre la inversión y la variable «q» de Tobin (el valor económico de la inversión marginal), apuntándose la existencia de una asociación positiva y significativa entre ambas, pero que varía sensiblemente en el caso de las empresas privadas y las empresas públicas. Así, en el caso de las empresas privadas no eléctricas, se calcula que una peseta de gasto fiscal en estímulos fiscales a la inversión da lugar a una inversión adicional de 1,67 pesetas y a un incremento de la recaudación del impuesto sobre los beneficios de esa inversión de 1,21 pesetas. En contraste, en el colectivo de empresas públicas y eléctricas sólo se producen aumentos de 0,36 y 0,26 pesetas, respectivamente, por peseta de gasto fiscal. De acuerdo con esta evidencia tentativa, los autores sugieren que resulta preferible mantener, en conjunto, una política de estímulos fiscales a la inversión en España, aunque concentrando éstos en el sector privado no eléctrico, que es el colectivo en el que dichos estímulos parecen mostrarse más eficaces.

El artículo elaborado por Gonzalo Mato aborda el complejo problema de la relación entre inversión, coste del capital y estructura financiera de la empresa. En el mismo se resalta que, si bien es cierto que la tasa de inversión de la empresa viene influida negativamente por el coste del capital que tiene que soportar, éste -a su vez- viene condicionado por la estructura financiera de la empresa. A partir de una muestra de empresas obtenida en la Central de Balances del Banco de España correspondiente al período 1981 a 1984, Mato estima un modelo con datos de panel con el objetivo de identificar los factores específicos que determinan las decisiones de inversión empresarial. En este sentido, es reconfortante que sus resultados resulten coherentes con los obtenidos a nivel agregado, resaltando el papel protagonista jugado tanto por las ventas de la empresa como por su coste de capital específico.

Merece señalarse que los resultados empíricos del artículo de Mato indican que las variables financieras no sólo afectan la inversión empresarial a través del coste de uso del capital, sino también mediante la presencia de posibles restricciones crediticias. En base a ello, se argumenta que un aumento de la capacidad de autofinanciación de las empresas incide positivamente en la inversión, lo que sugiere una conexión entre el resurgimiento inversor español de los últimos años y la recuperación de los excedentes empresariales durante ese mismo período. Asimismo, se apunta   —13→   que la mejora de la eficiencia de los circuitos de financiación bancaria -vista la fuerte dependencia de la empresa española respecto del crédito bancario- representaría una contribución significativa al proceso inversor en nuestro país, al relajar las restricciones financieras de nuestras empresas.

Los últimos dos artículos analizan el grado de participación y ocupación de la mujer en el mercado laboral español, cuestión que resulta de especial interés dado que la población activa española es, en términos relativos, una de las más bajas del mundo industrializado. Ello no se debe, sin embargo, a una baja participación de los varones, que presentan unas tasas de actividad similares a las de los países de nuestro entorno, sino a que las mujeres españolas están todavía muy lejos de incorporarse plenamente al mundo laboral.

La experiencia de los últimos dos años indica que esta situación no es estática. Por el contrario, la distancia que separa la tasa de actividad femenina en España de la de otros países podría cubrirse muy deprisa: más de 700.000 mujeres se han incorporado al mercado de trabajo desde el cuarto trimestre de 1986 hasta el presente. Si se hubiese dado ocupación a todas ellas, hubiesen absorbido el 70 por 100 del empleo neto generado en ese período.

En este contexto, tienen una gran relevancia las preguntas sobre cuáles son los determinantes de la decisión de las mujeres de participar en el mercado laboral y sobre qué va a ocurrir en el futuro con la tasa de actividad femenina. La importancia de estas preguntas transciende ampliamente el ámbito de lo económico, puesto que la incorporación de la mujer a la vida laboral conlleva cambios sociológicos notables. Ciñéndonos al punto de vista macroeconómico hay, por lo menos, dos cuestiones de gran actualidad que están muy condicionadas por la evolución de la tasa de participación de las mujeres.

En primer lugar, está el problema del paro. La economía española está generando puestos de trabajo a elevado ritmo desde 1986: en el último trienio se han creado casi un millón de empleos netos. Sin embargo, este aumento de la ocupación no se ha traducido en disminuciones equivalentes del número de parados, y ello se ha debido, básicamente, al incremento de la participación de las mujeres. Si éstas siguieran engrosando la población activa al ritmo de estos últimos años, los previsibles aumentos del empleo que pudieran tener lugar en la economía española continuarían repercutiendo lentamente en la disminución del número global de parados. Dicho de otra forma, la tasa de paro en nuestro país seguiría, a medio plazo, siendo muy elevada. Eso no quiere decir que la participación femenina deba ser desincentivada sino todo lo contrario, según se verá seguidamente.

En segundo lugar, está la integración de España en la Comunidad Europea y la constitución del Mercado Único Europeo en 1992. La evolución de la tasa de actividad femenina parece indicar que en nuestro país existe   —14→   una gran reserva de recursos humanos con un nivel educativo alto. Esto puede suponer para España una ventaja comparativa importante en un contexto en el que, a priori, no está decidida la ubicación geográfica de las inversiones, sino que éstas se moverán conforme a criterios de rentabilidad esperada. Los costes laborales en nuestro país son más bajos que en otros socios comunitarios y, aunque el Mercado Único generará una cierta tendencia a su nivelación, la velocidad de convergencia puede estar muy condicionada por la existencia de la mencionada reserva del factor trabajo. Si los costes laborales se mantienen comparativamente bajos durante el tiempo suficiente, España estará en buena situación para atraer inversiones en los sectores que puedan aprovechar esas condiciones. Por esta razón, puede ser muy deseable no desincentivar la mayor participación laboral femenina y avanzar en la dirección de dotar de mayor competitividad al mercado de trabajo. Ello redundaría en una mejora del empleo y de la renta.

El artículo de Jaume García, José Manuel González-Páramo y Antoni Zabalza aborda el problema de la participación de la mujer en el mercado de trabajo desde una perspectiva microeconómica, poniendo especial énfasis en el tratamiento fiscal de la unidad familiar como condicionante de la decisión de participación y del número de horas ofertadas por las mujeres casadas. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la acumulación de rentas de los integrantes de la familia a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas da a esta importante cuestión una inusitada actualidad.

La tributación conjunta de marido y mujer, en el marco de un impuesto progresivo, tiene, en ausencia de medidas correctoras, un efecto desincentivador de la participación laboral de las mujeres casadas. Ello es debido a que las segundas rentas familiares quedan gravadas al tipo marginal de las primeras que es, en general, mucho mayor que el tipo medio que les correspondería si tributasen por separado. De esta forma, el rendimiento neto del trabajo de la mujer casada es menor si tributa conjuntamente con el marido que si puede hacerlo de forma separada, de donde se deduce que la participación laboral está desincentivada.

García, González-Páramo y Zabalza cuantifican el coste de eficiencia del sistema del IRPF vigente hasta 1988 relativo a diversos sistemas de declaración separada. Sus resultados indican que la tasa de participación de las mujeres casadas se incrementaría entre un 6 y un 19 por 100, dependiendo de cómo se instrumentase la reforma del IRPF, Simultáneamente, el aumento de horas ofertadas sería mucho menor que el de la tasa de participación, debido a que las nuevas activas ofrecerían menos horas por persona que las que ya estaban en situación de actividad. La renta familiar, como resultado de estas variaciones, experimentaría incrementos que podrían estar entre una décima de punto y un punto porcentual.

Aunque el instrumental que utilizan los autores no resulta adecuado   —15→   para realizar predicciones sobre la evolución de la tasa de actividad femenina, puesto que la metodología es de estática comparativa con cláusulas ceteris paribus muy restrictivas, sus conclusiones iluminan los posibles efectos sobre la participación de una reforma fiscal que se va a llevar a cabo por motivaciones distintas a las consideraciones de eficiencia, pero que podría haberse hecho por estas razones.

Finalmente, el artículo de Alfonso Novales aborda la caracterización del aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, la discusión de los determinantes macroeconómicos de dicho aumento y la previsión de la evolución futura de la tasa de participación femenina. Para Novales, el incremento de la participación está originado, principalmente, por mujeres jóvenes con un nivel educativo alto (estudios medios o superiores, habiéndose deslizado el empleo femenino hacia los sectores que requieren una mayor cualificación. Dicho autor encuentra evidencia empírica a favor de la tesis de que la tasa de participación femenina responde positivamente a la situación general de la economía, concretamente a indicadores de empleo y de producción, siendo la participación de las mujeres casadas la más sensible a dichas condiciones. Novales prevé una cierta desaceleración en el incremento de la tasa de actividad de las mujeres españolas, aunque ésta continuará creciendo a ritmos elevados en el próximo cuatrienio: 700.000 mujeres más pueden incorporarse al mercado de trabajo entre 1989 y 1992.